Un total de 707 personas son procesadas actualmente por delitos de corrupción en el marco de la criminalidad organizada, informó la coordinadora nacional del Sistema Especializado en Delito de Corrupción de Funcionarios (SEDCF), jueza superior Susana Castañeda Otsu.
La magistrada explicó que esta cifra incluye a cómplices, quienes según el Ministerio Público, no necesariamente son funcionarios públicos, entre ellos empresarios y abogados particulares.
Castañeda precisó que el sistema anticorrupción, con competencia nacional desde el inicio de su funcionamiento el 31 de marzo de 2017, registra 26 expedientes, la mayoría de los cuales está en etapa de investigación preparatoria (primera etapa del proceso judicial).
En total 18 figuran en ese estado, tres en fase intermedia (control de acusación), tres en juicio oral y dos en apelación de sentencia.
Investigación preliminar
A nivel de investigaciones preliminares, es decir aquellas que aún no han sido formalizadas por el Ministerio Público, el SEDCF ha resuelto requerimientos de medidas cautelares en 60 casos.
Entre estos fueron atendidos pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, de las comunicaciones, así como allanamiento, incautación y detención preliminar, entre otros.
Así, las medidas de allanamiento de inmuebles e impedimento de salida del país del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, fueron dispuestas por un juez de este sistema contra la corrupción.
Los jueces del SEDCF son competentes también en los casos Odebrecht, Club de la Construcción, los aportes recibidos por la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, de la citada empresa brasileña.
Asimismo, los presuntos hechos de corrupción del expresidente regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, en el caso de la obra vía Evitamiento del Cusco.
Además, los casos conocidos como Antalsis, organización criminal presuntamente liderada por Martín Belaúnde Lossio, y La Centralita, que involucra al exgobernador regional de Ancash, César Álvarez Aguilar.
Cuellos blancos
El último expediente ingresado al sistema anticorrupción es el de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que involucra a 13 integrantes, quienes son investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, y otros en agravio del Estado.
En este caso, el Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones está en la fase de deliberación para emitir su decisión esta semana, tras la audiencia de apelación a la prisión preventiva de 36 meses impuesta a los investigados.
“Atendiendo al estado crítico por los hechos de corrupción detectados en el sistema de justicia, creemos que es necesario pronunciarse en un plazo razonable”, señaló Castañeda.
Sin embargo, recordó que el caso es complejo, pues la apelación tiene más de 5,000 folios (los agravios fueron planteados por doce de trece investigados), lo que demandó la realización de tres sesiones.
El colegiado, que también integran los jueces Juan Guillermo Piscoya y Oscar Burga Zamora, escuchó los alegatos de los abogados contra la prisión preventiva emitida el 18 de agosto por el titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, Manuel Chuyo Zavaleta.
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