El gobierno que merecemos: Para un quinquenio de riesgos y esperanzas.

Por Guillermo Ruiz Guevara

18 de junio de 2021

Desde 1980 elegimos presidente, ininterrumpidamente, tras períodos inciertos de militarismo, golpes, civilismos y con claras muestras de irregularidades, manipulación al elector, mentiras sembradas y enconos entre los candidatos, los mismos que luego acordaban cuotas de poder; para todos los casos, la imperfecta democracia, no sirvió de escuela política, no hubo forma, no hay partidos en los que la población confíe, no hay vida partidaria de la población y no se dio la madurez e institucionalidad de una vida partidaria-política donde la ciudadanía genere líderes e individuos con talla de estadistas para decidir el destino del país.

Quede de lado el diagnóstico y evalúense los hechos de la 2da vuelta electoral del 2021. Dos candidatos que no registran el respaldo mayoritario, a los que las circunstancias colocaron en la condición de elegirlos, uno u otro, irremediablemente.

Uno de ellos, el de Fuerza Popular, llegó con el antecedente de una investigación fiscal cuyas conclusiones preliminares dieron lugar a una cárcel preventiva, cuyo sustento legal es discutible, pero los indicios y el desprestigio ganado por la candidata investigada son suficientes para habilitar la siguiente observación:

- El JNE, ¿Debe aceptar la postulación de individuos con investigaciones fiscales y acciones que conducen a un proceso judicial eminente? Esto se convierte en un estorbo para el ejercicio de los jueces y en una probable impunidad para el candidato investigado. La ley niega la opción al sentenciado, no al investigado; y no se hizo así porque se consideró que sería un instrumento aprovechable contra cualquier candidato y daría lugar a un manoseo para el desprestigio de las personas. Pero, ahora, el manoseo fue a los electores, que tuvieron que torcer su integridad y apego a la decencia para aceptar el voto a quien ya merecía la mayoritaria desconfianza de la población; la prueba es que más del 50% manifestaba su antivoto por la candidata de FP. El atrevimiento de la candidata solo es razonable con el empleo de técnicas conductistas para inducir al elector y una maquinaria publicitaria a su servicio, sin importar el costo, y, además, las maniobras de funcionarios serviles. Entonces, por lo visto, surge la pregunta: ¿Es interés de servir al país o ambición de poder?

El otro candidato, el de Perú Libre, trajo como antecedente su enrolamiento reciente al partido por el que postuló. Tal hecho no contradice la ley, y solo ahora ya se previó una norma para que los candidatos acrediten al menos un año de inscripción en el partido por el que postulan, antes del acto electoral. En este caso, se critica que la ley no excluya a los miembros de un partido como activistas con derechos de representación, cuando tienen sentencia que los inhabilita para ser elegidos. El Presidente de PL tiene sentencia judicial, que lo inhabilita para ser elegido, pero no para ser el representante legal en ejercicio de un partido, esto no lo contempla la ley. Habrá de tenerlo presente y modificar la ley, previéndose que en el supuesto que una nueva sentencia restituya los derechos plenos, solo así podría ser nuevamente miembro o, en todo caso, el titular de un partido político.

Caben otras muchas observaciones, revísense algunas

1. ¿Serán suficientes dos finalistas, para una 2da vuelta? La práctica general es así, en todos los países. Sin embargo, se notó la manipulación del voto, para provocar escenarios según el titiritero, conforme lo desea el que desde el poder maneja las condiciones del proceso. Se encuentran indicios de una gigantesca maniobra para provocar un “resultado a la medida”; ambas candidaturas tienen objeciones que se visibilizaron en la 1ra y 2da vuelta. Este hecho permitió descubrir lo vulnerable del acto electoral, que el voto electrónico no corregiría, pero un agregado electrónico ayudaría a supervisarlo mejor. Por ejemplo, que cada cédula lleve un código, número de mesa y orden, que el elector puede grabar en su móvil para conservar la evidencia de su voto y que las cédulas no sean eliminadas, hasta que se defina la validez del acta. Así, en el supuesto de irregularidades, los electores de esa mesa pueden dar fe de su voto, cargando datos de su imagen en un terminal, manteniéndose la calidad de voto secreto. Habrán otras propuestas, más eficientes, pero lo sucedido en este proceso no debe repetirse jamás.

2. Las elecciones primarias, en los partidos, ¿Deben instituirse, con un mínimo de electores y la exigencia de verificación por la ONPE? Lo ideal sería que quienes no cumplan con este proceso y el mínimo exigible, entonces no participen en las elecciones generales.

Añádase en la evaluación dos aspectos, el comportamiento de la prensa y de los electores:

1. Los medios mostraron una desprofesionalización insólita. Ya se sabía que la prensa se prostituyó, justamente en la década del 90, en el gobierno de Alberto Fujimori, pero de allí a la histeria colectiva exhibida por los reporteros, narradores y entrevistadores, para la 2da vuelta electoral, solo se explica por el poder del dinero con que comprarían su comportamiento, vía los propietarios de los medios. Es tan evidente lo sucedido que cabe sugerir a los nuevos cientistas de la comunicación, en particular a los nuevos periodistas, que observen lo ocurrido y no copien semejante mal ejemplo. Si el candidato rival era malo, ello no daba lugar a desprestigiarlo, demonizarlo y ridiculizarlo, pues lo están haciendo a todos aquellos que votaron por tal. Adicionalmente, la población sabe que los periodistas en ejercicio actúan según sus patrocinadores, que ellos son comprados por la gran empresa, justamente contra quiénes la población tiene singulares protestas. Nótese que donde las grandes minas tienen sus centros de influencia y donde el terrorismo azotó a la población, justamente allí el voto por FP fue casi nulo y la candidata fue maltratada cuando pretendió visitar sus ciudades (Cusco, Puno, Apurímac, entre otros), síntoma del hartazgo y prueba que los electores no le hacen caso a la prensa. por mentirosa.

2. Los electores fueron inducidos mediante el engaño, entre tales el terruqueo, que fue una torpe maniobra, pues la población ya no le cree a la prensa; y los aún ingenuos no inclinaron la balanza electoral; en la 2da vuelta se comprobó. Además, se sabe que PCT no es terrorista y que el terrorismo existe, en realidad, por la práctica de delincuentes financiados por el narcotráfico, actividad vinculada a FP, y, quizás también a PL, pero no a PCT, en estricto. Mientras exista el narcotráfico habrá terrorismo y habrá justificación para que el ejército tenga presupuestos especiales para combatirlo, aunque no lo haga, pues, por el contrario, recibe cupos de los narcotraficantes, ¿Alguien quiere desmentirlo?

Concluida la 2da vuelta, se enfrenta la denuncia de irregularidades, con el propósito de sustentar un fraude, con supuestos que abarcan el 1% de mesas, a escala nacional. Los promotores de la denuncia colisionan con las normas vigentes. Rigen la Ley 26859, Art 395, que precisa que la nulidad total del acto electoral procede si 1/3 de las mesas son anulables (más de 28mil mesas); y el Art. 142 de la Constitución que niega al PJ la revisión de las Resoluciones del JNE. De otro lado, el pretendido Habeas Data, argumentado en la víspera, no corresponde en el estadío actual, pues no hay obstaculización ni negación alguna sobre información reclamada; podría corresponder con las condiciones fundamentadas, por ante el MP y/o el PJ.

Incierto es el próximo quinquenio. En un eventual gobierno de PCT la negociación política será frágil. Para cumplir con lo ofrecido, contra los abusos de la gran banca y de la gran industria, versus el statu quo imperante, habrá de actuar con mucho cálculo para evitar sobresaltos sociales y corregir la usura, la informalidad y la “protección” a los amiguísimos que asaltaron el erario, en lo gobiernos anteriores. Odebrecht es solo la punta de un iceberg.

La población clama un cambio. Y cambio es un rotundo no a los partidos tradicionales y a sus personajes, que en los últimos decenios gobernaron o contribuyeron con blindar a los malos gobernantes. La esperanza de la población es el cambio y este se confió en Pedro Castillo, el tuvo el 19% (18,92%) en la 1ra vuelta, ese es su real capital electoral; y Keiko Fujimorí descendió a menos del 14% (13,41%), se redujo su capital electoral. En 2da vuelta, Castillo tuvo el voto del antifujimorismo, el que no declinó ante los engaños de la publicidad; Fujimori logró el voto del anticomunismo, publicitado con engaños. Tal ya no existe y es inviable en Perú, aunque el 19% de los seguidores de PCT, cuestión negada, pretendan hacerlo. En Perú, no se permitirá un gobierno comunistoide ni socialistoide, ni mercantilista ni neoliberalistoide.

Mirando el futuro

La política moderna, una de buenos propósitos, debe encargarse a gobernantes que con formación de estadistas se hagan responsables de ser autores de la vida de los gobernados, esta es la correcta definición de autoridad. Y tal autoría comprende lidiar con los “influyentes” que pretenden comercializar con la vida y los cuerpos de las gentes, así como rivalizar con los mercantilistas que no les importan la vida ajena, solo la acumulación de dinero y poder. He aquí la diferencia entre las opciones de PL y FP; este es el nudo, ante cualquiera de tales. Y sobre esta condición se prevé el gobierno que precisamos y que merezcamos.

Se avecina una década crítica, con un primer quinquenio complejo y complicado. La esperanza de la población está más exacerbada que nunca. Más ante la posibilidad de superar a todos aquellos a quienes se señala como los causantes del deterioro de las economías, de las familias, así como de la opresión y la explotación. Por ello, es preferible que el cambio provenga de las urnas y no por la violencia en las calles.

El nuevo gobierno tendrá retos propios de una mitología, múltiples y a cual más difícil. El país atraviesa por un problema que es más de modelo y de gestión financiera como de promoción del empleo, estos más que de indicadores macroeconómicos; la salud de la población obligará a que esta sea la principal preocupación de los gobiernos, desde el nacional hasta de los centros poblados, que para su prevención y control utilice la historia clínica electrónica, que los propios médicos evitan sistemáticamente; la seguridad no mejorará sin cuadros vigilantes dotados de moral y recursos materiales, sin la colaboración de los medios para bajar el volumen de la violencia, sin la incorporación de los agentes privados y sin cámaras suficientes que permitan monitorear lo que ocurre en la vía pública y carreteras; la corrupción será inmanejable sin el buen ejemplo de un gobernante drástico, dispuesto a fajarse contra todo lo malo de la estructura estatal. Veremos.